El panorama vial en Corrientes es alarmante: casi la mitad de las rutas nacionales están en mal estado y otro 20 % apenas se sostiene en condiciones regulares, según un relevamiento de Vialidad Nacional. De los 1940 km bajo jurisdicción nacional, solo el 29,8 % se encuentra en buen estado. El resto son kilómetros plagados de baches, banquinas rotas y tramos inseguros que ponen en riesgo a miles de correntinos.
Este deterioro no es casual: es la consecuencia directa de la drástica desinversión en obra pública del gobierno de Javier Milei. La inversión cayó al 1,3 % del PBI en 2024, la cifra más baja en décadas, y los resultados se sienten en cada viaje. La propia Sociedad Rural Argentina habló de un estado “calamitoso” de las rutas, mientras que funcionarios provinciales lo describieron como “catastrófico”.
Los efectos están a la vista. Esta semana, dos camiones volcaron en la Ruta 14, una vía clave para la producción y el comercio con Brasil. El gobernador Gustavo Valdés, obligado a destinar fondos provinciales para reparar la Ruta 117 —que conecta al puente internacional de Paso de los Libres—, calificó de “vergonzoso” el abandono nacional.
La lógica libertaria de la “manta corta” es insostenible: por cada peso que no se invierte en mantenimiento, se necesitan diez para recuperar lo perdido. Hoy, Corrientes paga el costo de una política que prioriza la motosierra sobre la seguridad vial, la producción y el turismo. Y lo más grave: detrás de las estadísticas se esconden vidas en riesgo, una deuda que ningún ajuste puede justificar.
