A 25 días de la asunción de Juan Pablo Valdés como nuevo gobernador de Corrientes, comenzaron a conocerse los primeros nombres y negociaciones que darán forma al futuro gabinete provincial. La reestructuración incluiría una modificación de la Ley de Ministerios, que reduciría las actuales 12 carteras a por lo menos 10. Entre los cambios más firmes figura la unificación de Justicia y Seguridad, así como la fusión de Producción e Industria, un pedido histórico del exministro Jorge Vara.
En este contexto, el propio Valdés adelantó que incorporará a exintendentes en su equipo. Uno de los nombres que más resonó es el de Jorge Meza, actual jefe comunal de Caá Catí, cuyo mandato finaliza el 10 de diciembre. Según fuentes partidarias, Meza fue señalado durante las conversaciones previas al acuerdo electoral entre el oficialismo y el Partido Nuevo como posible ministro. Sin embargo, dentro de la UCR remarcan que dicho partido no alcanzó el caudal de votos comprometido: pasó de 10.000 a 2.000 sufragios en la Capital, situación que generó malestar y que muchos atribuyen a Evelyn Karsten, todavía no expulsada del espacio tras competir por La Libertad Avanza.
Pese a las tensiones internas, Valdés mantiene una relación cercana con Meza, a quien incluso ya se refiere como ministro. Desde el Partido Nuevo aclararon que, en caso de concretarse el acuerdo, la designación debería surgir desde la Junta partidaria, respetando las reglas del entendimiento político. No obstante, el radicalismo mira con recelo la posibilidad de ceder áreas de peso, especialmente Seguridad o Justicia.
Otro nombre que circula con fuerza es el de José Irigoyen, intendente de Curuzú Cuatiá, quien finaliza su segundo mandato consecutivo. Aunque asegura no haber recibido ninguna comunicación oficial, es mencionado como posible titular del Ministerio de Coordinación y Planificación, sucediendo a Miguel Olivieri. Irigoyen es uno de los dirigentes emergentes del radicalismo, con una gestión enfocada en modernización y turismo.
El jefe comunal de Mocoretá, Juan Pablo Fornaroli, también aparece entre los “número puesto” del próximo gobierno. Con solo 36 años, su perfil joven y técnico lo posiciona como uno de los posibles jefes de Gabinete.
En Salud, la situación presenta más incertidumbre. Emilio Lanari, actual viceintendente de la Capital y concejal electo, fue señalado inicialmente para ocupar el cargo. Sin embargo, en los últimos días su entorno se mostró en alerta ante posibles cambios en la definición final.
En paralelo, se mencionan varios funcionarios que no continuarían en el Gobierno. Entre ellos, Claudio Anselmo (Producción), Gabriela Gabur (Industria) y Maria Eliciri (Turismo). En el programa “Sin Freno” se confirmó que Producción quedaría en manos de un exintendente y que Industria sería conducida por un referente del sector privado de Gobernador Virasoro. También se anticipó que Obras y Servicios Públicos, hoy dirigido por Claudio Polich, quedaría bajo control de un funcionario del área educativa, aunque tampoco se descarta a Lizardo Germán González, del Invico.
En Educación persisten las dudas. Práxedes López aún espera una reunión con el gobernador electo para definir si continuará, al menos de manera transitoria. En Justicia, no se descarta que el actual ministro Juan José López Desimoni pase al Poder Judicial, donde hay dos cargos próximos a quedar vacantes.
Horacio Ortega, Fiscal de Estado y considerado uno de los principales articuladores jurídicos del gobierno de Gustavo Valdés, se mantendría dentro del esquema central de la futura administración, con posibilidades incluso de asumir un ministerio.
Entre los nombres ya ratificados figuran Carlos Vignolo, quien continuaría en la Secretaría General de la Gobernación, y Marcelo Rivas Piasentini. También se confirmó que Raúl Esquercia dejará la conducción del Ioscor tras décadas en el cargo, mientras que se esperan renovaciones en el IPS, Lotería Correntina y la DPEC.
La última reforma de la Ley de Ministerios se realizó en 2013, cuando se ampliaron las carteras a 12. La gestión de Juan Pablo Valdés promete un nuevo rediseño estructural y político, marcado por negociaciones internas, acuerdos partidarios y la proyección de un gabinete que combinaría experiencia territorial, perfiles técnicos y un fuerte reordenamiento institucional.
Fuente: El Litoral.
